Agresiones sexuales dentro de la cárcel: otro fracaso de las prisiones concesionadas en Chile

El 2 de junio de 2003, el entonces presidente Ricardo Lagos junto a su ministro de Justicia Luis Bates y su secretario de Obras Públicas Javier Etcheberry, anunciaba el inicio de la construcción de la primera cárcel concesionada en Chile, la de Rancagua.

El establecimiento formaba parte de un proyecto completo de penales concesionados a lo largo del país, con una inversión global de más de 255 millones de dólares.

En noviembre de 2005, con Jaime Estévez en reemplazo de Etcheberry, el exmandatario viajaba a la capital de O’Higgins para inaugurar el recinto y celebrar con fanfarrias la asociación público-privada en el sistema carcelario de Chile, un país que hasta entonces sólo había utilizado este modelo para la construcción de carreteras.

Responder a la sobredemanda y el hacinamiento, perfeccionar la infraestructura, mejorar el manejo de la población penitenciaria, elevar las condiciones de vida y seguridad al interior de los recintos y potenciar la reinserción eran algunos de los objetivos del nuevo sistema.

Según información entregada por Gendarmería a nuestro medio, al 31 de agosto de 2018 la población penal en recintos del sistema cerrado era de 41.943 personas. En Chile son 8 los penales concesionados, que agrupan a 14.535 hombres y mujeres privados de libertad, que representan el 33.4 % del total de la población penal.

Graves defectos a más de 10 años de su implementación

BioBioChile solicitó a Gendarmería el registro de agresiones sexuales denunciadas al interior de las cárceles a nivel nacional, separadas por recinto penal, desde 2010 a junio de 2018.

La respuesta expedida por el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario, informa primero que no se cuenta con información centralizada respecto de las denuncias hechas durante los años 2010 a 2014. Luego, se acompañan los datos correspondientes a agresiones sexuales a internos e internas, denunciadas en el periodo que va desde 2015 al primer semestre de 2018.

UNIDAD 2015 2016 2017 1er semestre de 2018 TOTAL
CCP ANTOFAGASTA 1 0 1 1 3
CPF ANTOFAGASTA 1 0 0 0 1
CP ARICA 0 2 0 1 3
CDP VALLENAR 0 0 1 0 1
CDP OVALLE 0 0 0 1 1
CP LA SERENA 1 3 2 0 6
CCP COLLIPULLI 0 1 0 0 1
CCP LAUTARO 0 1 1 1 3
CCP TEMUCO 0 0 1 0 1
CDP ANGOL 0 0 0 1 1
CCP OSORNO 1 0 0 0 1
CP PUERTO MONTT 2 0 5 0 7
CP VALDIVIA 3 1 0 1 5
CP ALTO HOSPICIO 0 1 1 2 4
CDP QUILLOTA 0 1 2 0 3
CP VALPARAISO 1 1 1 3 6
CCP BULNES 0 0 2 0 2
CCP CHILLAN 1 0 0 0 1
CCP BIO BIO 2 1 0 2 5
CDP MULCHEN 0 0 1 0 1
CDP YUMBEL 0 1 0 0 1
CCP SANTA CRUZ 1 0 0 0 1
CP RANCAGUA 1 2 0 1 4
CCP CAUQUENES 1 0 0 0 1
CCP CURICO 1 0 1 0 2
CCP TALCA 0 1 0 0 1
CDP PUENTE ALTO 2 0 2 1 5
CDP SANTIAGO SUR 4 6 1 3 14
CDP TALAGANTE 0 0 0 1 1
CDP SANTIAGO I 6 1 0 1 8
CPF SANTIAGO 0 0 0 1 1
CPF SAN MIGUEL 1 0 0 0 1
UEAS 1 0 0 0 1
TOTAL 31 23 22 21 97

* Tal como indica el recuadro, la información de 2018 corresponde sólo a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.

Conforme los casos denunciados, son 97 las agresiones sexuales sufridas por internos e internas desde 2015 y 21 las denuncias efectuadas sólo en los primeros seis meses del año, lo que rompe la tendencia a la baja en estas cifras: en 2015 fueron 31 agresiones sexuales, 23 en 2016 y 22 en 2017.

Todos los establecimientos registran al menos un caso durante estos años. Sin embargo, es el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Santiago Sur -expenitenciaría- la institución que por lejos encabeza el listado, con 14 de las 97 denuncias totales.

Lo sigue el CDP Santiago I con ocho agresiones, a pesar de que esta intitución concesionada fue inaugurada en 2007 por el gobierno de Michelle Bachelet, argumentándose precisamente que venía a solucionar los múltiples problemas de la expenitenciaría.

Otros recintos con cinco o más casos son el CP Puerto Montt con siete; el CP La Serena con seis; el CP Valparaíso con 6; el CP Valdivia con 5; el CCP Bío Bío con cinco, y el CDP Puente Alto con cinco.

Visto desde una perspectiva regional, la región Metropolitana tiene el mayor índice de agresiones sexuales a reos, con 31 denuncias, la sigue la región del Bío Bío con 10, la de Valparaíso con 9, Los Lagos con 8 y Coquimbo con 7.

En las instituciones concesionadas los casos llegan a 39 de los 97 totales, y a 7 de los 21 en lo que va de 2018. Es decir, prometiendo mejores condiciones para su población y constituyendo menos de una cuarta parte de los recintos penitenciarios del país, las cárceles concesionadas agrupan un 40,2% de todas las agresiones sexualessufridas por internos e internas desde 2015; 33,3% de los casos de 2018.

Rodrigo Bustos jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recordó que cuando se planteó el nuevo modelo “no solo implicaría una mejor infraestructura, que algunas la tienen; también una mejora respecto a los derechos de las personas privadas de libertad y eso no se ha cumplido en buena medida. Estos datos son una muestra de eso, incluso hay otros, como por ejemplo, el hecho de que hay más suicidios en las cárceles concesionadas”.

Respecto de las agresiones sexuales, el abogado recalcó a BioBioChile, que “hay muchos casos que no terminan con una denuncia, eso hay que considerarlo. Además del rol de Gendarmería, la justicia debiera actuar de manera mucho más rápida y eficaz cuando ocurren también este tipo de crímenes, porque la mayoría de los casos terminan sin una sentencia ni una medida de protecciónpara la personas que denunciaron, y eso motiva a no denunciar, lo que a su vez genera impunidad”.

“Estos datos muestran que el Estado de Chile y Gendarmería no están cumpliendo del todo con su rol de custodiar y cuidar a las personas que están privadas de libertad. Pueden ser varias las razones, desde protocolos que no son adecuados, la existencia de hacinamiento, son factores muy complejos. El sistema requiere claramente mejoras de manera urgente”, culminó.

Gendarmería en tanto, argumenta que “en lo que va del año, se han denunciado 21 violaciones o abusos sexuales entre internos a nivel nacional, representando el 0.05% del total de privados de libertad”.

“La Institución en su constante preocupación por mejorar las condiciones de reclusión y respeto a los derechos humanos, continuamente revisa y ejecuta una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos a la seguridad e integridad de las personas privadas de libertad a nuestro cuidado”, agregó la institución.

También, añadieron que este año se modificó y mejoró los procesos de clasificación y segmentación de la población penal, según delito, reincidencia, peligrosidad y compromiso delictual, entre otros factores “que han permitido una baja sustancial en este tipo de agresiones”.

En la misma línea de prevención, añadieron, se ha fomentado e incrementado los distintos programas de rehabilitación y reinserción, con alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, que permitan incentivar a los internos a participar de talleres laborales, nivelación de estudios y obtención de títulos técnicos y profesionales, capacitación, actividades deportivas y apoyo religioso, entre otros.

Respecto de las cárceles concesionadas, en específico, Gendarmería dijo a nuestro medio que, “al igual que en los penales tradicionales, en las cárceles concesionadas también se han realizado denuncias por agresiones sexuales, a pesar que este tipo de penales por su diseño e infraestructura permite una mayor segregación de la población penal”.

“En los penales concesionados Gendarmería está a cargo exclusivamente de la seguridad, mientras los servicios de aseo, mantención y alimentación, entre otros, se encuentran a cargo de la empresa privada”, detallaron.

Protocolo actual

Los protocolos de Gendarmería ante una denuncia de agresión sexual, comienzan con el traslado inmediato a la enfermería del penal para la constatación de lesiones y/o al Servicio Médico Legal o servicio de urgencia más cercano.

Junto con ello, se entregan todos los antecedentes del caso al Ministerio Público, además de instruirse un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos.

El afectado es aislado inmediatamente de la población penal y se dispone la atención sicosocial que corresponda, a cargo de profesionales de la Institución.

El Manzano | Adriana Ramírez | Agencia UNO
El Manzano | Adriana Ramírez | Agencia UNO

“Cárceles concesionadas en Chile: evidencia empírica y perspectivas futuras a 10 años de su creación”, se llama el estudio publicado por Guillermo Enrique Sanhueza y Francisca Pérez en diciembre de 2017, que utiliza datos secundarios de diversas fuentes, incluyendo el Estudio de Reincidencia de Paz Ciudadana y la Primera Encuesta de Calidad de Vida Penitenciaria.

Sus hallazgos sugieren, primero, que existe poca evidencia empírica respecto al funcionamiento de las cárceles concesionadas; segundo, que efectivamente estos recintos ofrecerían mejores condiciones de infraestructura y habitabilidad; tercero, que las cárceles concesionadas exhibirían indicadores más deficitarios que sus contrapartes públicas en cuanto a acceso a servicios de salud, relaciones internos-funcionarios, maltrato a internos y acceso a programas de reinserción.

“Nuestro análisis sugiere que existen diversos aspectos del funcionamiento y desempeño de las cárceles concesionadas que deberían revisarse pues, este sistema llevaba la promesa de ofrecer ‘mejor reinserción social’ que el sistema tradicional y a una década parece ser que esta promesa sigue sin cumplirse”, señalan los investigadores.

Esta visión crítica, no es meramente académica, pues el propio ministro de Justicia, Hernán Larraínindicó en julio del presente año “el resultado desde el punto de vista de la reinserción, que es el indicador para ver el éxito, es cero”.

En aquel entonces, el gobierno de Sebastián Piñera estableció una mesa para evaluar estos penales. El sistema penitenciario chileno está en su espera.

FUENTE: BIOBIO

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